*La académica junto a Mónica Zúñiga, ambas investigadoras del CIFDE UV, desarrollaron el tema “Mental health policies tackling violation of children's human rights in Chile”.
La profesora Alejandra Zúñiga, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, y Mónica Zúñiga, ambas investigadoras del Centro de Investigaciones de Filosofía del Derecho y Derecho Penal (CIFDE UV), publicaron un artículo en la prestigiosa revista médica The Lancet, reconocida como una de las más antiguas y conocidas del ámbito.
En el número de abril de 2019 de la revista especializada The Lancet Child & Adolescent Health, publicaron el artículo titulado “Mental health policies tackling violation of children's human rights in Chile” (Afrontando violación de Derechos Humanos de las niñas y niños con políticas de salud mental en Chile). La publicación destaca el reciente informe del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, en el que se condena la violación sistemática de los Derechos Humanos de las niñas y niños chilenos bajo protección judicial o privados de libertad, de los cuales casi el 70 por ciento presenta al menos un trastorno mental no tratado.
Se señala en el artículo que, pese a las cifras, no sólo niñas y niños bajo protección tienen poco o ningún acceso a los servicios de salud mental, a la vez que existe una carencia sistemática de servicios de diagnóstico y salud mental para todo este grupo etario en el país. En efecto, a pesar de que Chile tiene una de las más altas tasas de suicidios de NNA (niñas, niños y adolescentes) y una altísima prevalencia de problemas de salud mental en niñas y niños de uno a cinco años, el Sistema de Salud (AUGE-GES) solo garantiza prestaciones de Salud Mental a los mayores de quince años, sin ninguna justificación epidemiológica.
“La prevalencia de trastornos mentales está íntimamente ligada con la pobreza y la marginalidad, lo que quiere decir que la pobreza es un determinante clave de los trastornos mentales”, se indica. Por ello, el articulo propone considerar no sólo la justicia de la prestación, sino también los estudios que evidencian que el acceso a salud mental infantil es una política pública probadamente costoeficiente, que ha demostrado que la atención temprana permite minimizar los trastornos asociados o derivados de la violencia, el abuso sexual, la pobreza, el abandono, etcétera. Así, por ejemplo, los últimos estudios muestran que la inversión en el tratamiento de la depresión y la ansiedad tiene un rendimiento del 400 por ciento. “La salud mental es una herramienta clave para la lucha contra la desigualdad pues es la condición necesaria para el desarrollo de la autonomía crítica”, se destaca en la publicación.
Las autoras critican que el actual Plan de Salud Mental 2017-2025 del Ministerio de Salud muestre poca preocupación por la gravedad de las estadísticas de Salud Mental infantil, y el hecho de que los escasos programas que se han desarrollado para este grupo vulnerable no lleguen a cubrir ni el 20 por ciento de los diagnósticos de factores de riesgo. Según indican, si se suma al informe del Comité los datos de Unicef, que señalan que en Chile un 71 por ciento de los NNA recibe algún tipo de violencia de parte de su padre/madre, un 51,5 por ciento es víctima de algún tipo de violencia física y el 25,9 por ciento de violencia física grave, es fácil advertir la urgencia de desarrollar políticas públicas efectivas que reconozcan que niñas y niños debieran tener derecho prioritario a prestaciones de salud mental.
El artículo concluye: “La intervención temprana en salud mental ha demostrado ser crucial para romper el ciclo de repetición de la violencia y la deprivación que tan comúnmente se percibe en las historias de los niños vulnerados. Numerosos estudios muestran que la sintomatología psicológica presente en la infancia no es transitoria y que, por el contrario, la intervención temprana supone beneficios directos al abordar los síntomas antes de que se transformen en una conducta crónica maladaptativa”. Por ello, “cualquier inversión de capital que no esté dirigida a la primera infancia y jóvenes, puede ser entendida como desvío de recursos desde el punto de vista de la eficiencia”, pues los costos sociales de mantener a la población infantil sin cuidado sanitario mental son altísimos, en la medida en que entre más adversas son las experiencias de niñas y niños, más alta es su tendencia a presentar conductas de riesgo en la adultez, además de la posibilidad de exhibir problemas tales como la depresión, violencia, delincuencia, abuso de sustancias, problemas coronarios, cáncer u obesidad, entre otras patologías.
Para más información, se puede consultar el siguiente enlace: https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(19)30061-6/fullte.
Mónica Zúñiga.