*La profesora Marcela Aedo es parte de la iniciativa financiada con fondos del Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea.
La académica Marcela Aedo, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, elaboró, junto a la experta Paulina Hernández, el “Protocolo para la defensa penitenciaria de mujeres condenadas privadas de libertad en Chile”.
La iniciativa es fruto del proyecto “Asistencia técnica para el diseño e implementación del modelo de defensa penitenciaria de mujeres privadas de libertad en Chile”, financiado con fondos del Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, en el que la académica Marcela Aedo y la exdefensora penal pública Paulina Hernández trabajaron por más de un año. El estudio tuvo la finalidad de complementar el trabajo que la Defensoría Penal Pública ha desarrollado en esta materia desde 2011.
El documento fue presentado por las autoras en una jornada donde participaron la defensora nacional subrogante, Viviana Castel; el jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Carlos Gómez, y directivos y profesionales de la Defensoría Nacional y de las defensorías regionales de Valparaíso y O'Higgins.
Metodología
La metodología utilizada implicó, en un primer momento, realizar un levantamiento de buenas prácticas de defensa penitenciaria para este grupo objetivo, tanto a nivel europeo como latinoamericano. Luego se llevó a cabo un diagnóstico de las necesidades específicas de las mujeres condenadas y privadas de libertad, incluyendo el funcionamiento y las particularidades de la defensa penitenciaria en las distintas regiones del país.
Como base de este análisis, las autoras detallaron que en febrero pasado se contabilizaron 26 mil 945 personas condenadas a penas privativas de libertad, contexto en que las mujeres en esta condición sumaban solo el 7,1 por ciento. “En tanto estas mujeres son una minoría, la mayoría de los recursos han estado destinados a la población penitenciaria masculina, lo que genera problemas estructurales en el sistema penitenciario chileno y denota una carencia de enfoque de género en el tratamiento otorgado a la población penitenciaria femenina”, explicaron.
En efecto, las expertas encontraron diversos niveles de limitaciones para el acceso de las internas a capacitaciones y otros talleres, vulneraciones a sus derechos sexuales y reproductivos, ausencia de infraestructura adecuada, dificultades para el desarrollo de la maternidad, precarización de sus vínculos familiares, desconocimiento del rol de la defensa penitenciaria e incluso discriminación por opción sexual o identidad de género, entre otros temas.
Tras un completo análisis del marco normativo interno y externo aplicable a este colectivo, el protocolo detalla también todos los derechos que asisten a las mujeres privadas de libertad, las características que debe tener la atención especializada de la defensa penitenciaria, los mecanismos que existen para impugnar las decisiones de la administración penitenciaria y, finalmente, una propuesta para mejorar globalmente la atención de este grupo.